Pareciera que la justicia por propia mano es lo más efectivo ante la ausencia de un verdadero estado procurador. La impunidad prevalece en México, país de América que no castiga el delito.
México se colocó en el 2017 en el 4to sitio de países más impunes, esto registrado en el Índice Global de Impunidad (69.21 puntos del IGI 2017), solo detrás de Filipinas. Los Estados con los índices más altos de impunidad son: 1) Estado de México (80.06), 2) Tamaulipas (78.88), 3) Baja California (78.08), 4) Coahuila (77.88), 5) Quintana Roo (77.33), 6) Guerrero (76.08), 7) Aguascalientes (75.85), 8) Veracruz (75.62), 9) Puebla (75.59) y 10) Oaxaca (75.12).
En el Estado de México, en dónde esta semana una turba linchó a un asaltante dentro de una combi, solo consignó en el año 2017 a 1209 delincuentes, de un total de 202, 205 carpetas de investigación, súmele que no todos los hechos delictivos llegan al ministerio público, por supuesto son más los acontecimientos antijurídicos en una demarcación con más de 16 millones de habitantes y esto porque el acudir a presentar una denuncia conlleva un riesgo, aunado a que los ministerios públicos realmente no funcionan.
De las 202, 205 carpetas, únicamente el 8.33% concluyeron en causas penales. No por nada el hartazgo social se ha manifestado haciendo “Justicia” por su propia mano.
No es para mí, justificación plena, pero más que juzgar el hecho per se debemos preguntarnos, ¿podremos rescatar al estado como órgano supremo de implantación de justicia o será más eficaz la ley del talión?
La ley del Talión se llevó a cabo en el municipio de Iztapalapa el pasado 31 de julio, donde por cierto es sede de la resurrección de Jesús. 5 ladrones robaron dentro de una casa estando 3 mujeres dentro, al llegar un familiar de estas, uno de ellos le disparó, después huyeron y uno fue detenido, lo golpearon tanto que cuando llegó al hospital murió a consecuencia. La justicia de mano propia se convirtió en lo que dice combatir, en delincuente.
La desproporción del ojo por ojo, diente por diente fue mayor de parte de los justicieros. Este motu propio de impartir el orden no solo es riesgoso, sino que no garantiza bajar la incidencia, más bien va a dejar consecuencias mortales, ya sea del lado de los bandoleros o de los justicieros, mientras el Gobierno se hace el inútil para garantizar lo que no sólo por ley le corresponde, sino se supone por supremacía; que es garantizar la seguridad de sus gobernados.
No siempre las condiciones estarán dadas para que los delincuentes pierdan la partida, no todas las víctimas y ofendidos tienen la capacidad, la valentía y la fuerza para enfrentarse con sus agresores. El código penal tiene un catálogo muy amplio de tipos penales y muchos como el homicidio, que se persigue por oficio, están en la impunidad, de 100 asesinos, 17 son encarcelados. Algunos robos terminan en muerte y la fuerza comunitaria poco puede hacer para defenderse contra este flagelo.
No es pues la justicia de propia mano una elección. Así como tampoco los afectados por robo de vehículos podrán estar impidiendo de manera significativa el hurto. El linchamiento del ladrón de la combi es sólo un caso de contención, pero no una generalidad de prevención.
Quienes golpearon al delincuente pueden incluso ser juzgados, si este hubiese fallecido podrían ser acusados por homicidio culposo, ya que solo bastaba con detenerlo para que fuese entregado a la autoridad; hubo desproporción.
El código Hammurabi parece seguir vigente, la ineptitud de la procuración de justicia ha generado una metamorfosis social, donde algunos han regresado a su estado primitivo. Este código data del 1750 a. C., redactado por el Rey de Babilonia que delineó la conducta social y estableció el funcionamiento judicial, así como las jerarquizaciones sociales, dogma que parece vigente. Fue un derecho positivo que tenía como premisa el principio proporcional de la venganza. En aquel tiempo paradójicamente acoto la venganza sin limite y proporcionó la justicia solo a manos de la víctima.
Los derechos humanos no son instituciones que dirimen controversias penales, son prerrogativas de todo ser humano, y las comisiones solo tutelan en función de la ordenanza universal. Erróneamente la sociedad traduce a las instituciones que salvaguardan los derechos humanos como defensoras de los delincuentes, y puede ser una paradoja el que acudan a estas cuando se sientan ultrajados, pero es la mala interpretación lo que confunde a la sociedad.
Los derechos humanos lo que buscan es la aplicación irrestricta de la ley, sin distingo, sin prevalencias por condición social o poder. Y nos guste o no, los que tiene una conducta típica de delito también deben ser tratados con apego a sus derechos. No podemos como sociedad invocar derechos constitucionales para defendernos y querer violentar otros para justificarnos.
La carta magna es muy clara en su precepto 17: Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. De igual manera el artículo 11 de la declaración de los derechos humanos establece:
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y el juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa
La combi se convirtió en un trofeo social, memes y comentarios surgieron en la red, la mayoría justificando el linchamiento. La sed de justicia encontró una gota de hidratación, aun cuando las formas sean rupestres, la sociedad se sintió satisfecha. La sociedad esta tan asqueadaa y ha sido tan vapuleada que se confunde. No se logrará pacificar al país a golpes, muchas más personas seguirán en a indefensión, mientras pensemos que la alternativa es la defensa frontal.
Debemos exigir a las autoridades la aplicación de la ley, porque en la medida que la sociedad aumente la defensa, los delincuentes van a subir su nivel de violencia. 150 son lo linchamientos que se suscitan al año y aun así no han logrado bajar la incidencia delictiva. La justicia tumultuosa parece no ser eficaz.
Colofón:
Penoso que medios de comunicación hayan destacado el linchamiento como un acto de heroísmo y no solo eso, también hicieron eco del pitorreo, asumiendo ellos editorialmente una postura de festejo. Atrás quedo el periodismo serio.
Juan Uliv Guerra
Estudió finanzas en el ITESM, actualmente estudia la licenciatura en derecho. Participó más de dos años como analista político en un programa radiofónico.