Las leyes electorales establecen los tiempos en que debe iniciar el proceso para elegir a nuestras autoridades, vía elecciones. Contempla el proceso de registro de candidaturas, la duración de campañas políticas, el día de la jornada electoral, los resultados y el proceso judicial, en caso de impugnaciones. Se inicia con una convocatoria que expide el Congreso de la Unión, o el Congreso Local, en caso de elecciones estatales.
Así, se fijan las fechas que todo este proceso durará, con la finalidad de darle validez a las prohibiciones legales existentes en la materia. Por ejemplo, un pretenso candidato, no puede hacer campaña ofertando su propuesta política, fuera de estos tiempos. Un gobernante en turno, no puede hacer uso de los recursos públicos para promocionar su imagen. Tampoco, se puede utilizar recursos de procedencia ilícita.
La idea, es que las elecciones sean parejas para todos. Que no se permita al gobernante, aprovechar su posición para ganar ventaja a sus adversarios. O a quien tenga acceso a mayores recursos, se imponga a través del dinero por encima de sus oponentes. Incluso, contempla que los partidos políticos, no utilicen la imagen de sus militantes o dirigentes, para ganar una ventaja electoral.
Obvio, este piso parejo que la ley electoral prevé para las campañas políticas, solamente existe en el papel, porque en los hechos, la mayoría de los actores que participan en una elección, buscan la forma de violentar estas disposiciones y sacar la mayor ventaja posible, antes de que inicie el proceso electoral legal.
Así, tenemos a Gobernadores inaugurando obras gastando recursos para promocionarlas y con ello su imagen, incluso en cuarentena. Tenemos a Senadores y Diputados, haciendo uso de la tribuna y de los medios de comunicación, para hacerle saber a los ciudadanos el trabajo que realizan. Igualmente, los Alcaldes, aprovechan cualquier oportunidad para publicitar sus tareas y que la población conozca su desempeño, sobre todo ahora que es posible reelegirse.
Toda esta promoción, bajo la idea de que la población debe estar informada, busca solamente sacar una ventaja política para mejorar su imagen ante los votantes. La regulación electoral, por desgracia, no abarca penas para estas autoridades, cuando no se ha iniciado el proceso electoral. Por lo tanto, mientras no haya elecciones, es imposible castigar al funcionario que viola estas leyes.
En mí personal punto de vista, me parece totalmente nulo tener una ley que solamente se puede aplicar durante el proceso electoral. Creo que debería ser permanente. Así, evitaríamos que los funcionarios activos participen con la ventaja que les da su trabajo, por encima de sus adversarios.
De esta forma, Quirino Ordaz estaría haciendo su trabajo sin necesidad de publicitar cada obra que inaugura, con el sello Calidad Puro Sinaloa. El Senador Rocha Moya, estaría obstaculizado para hacer la gira informativa por todo el estado, para “dar a conocer su trabajo legislativo”. Jesús Estrada Ferreiro, estaría involucrado en su tarea como alcalde y tal vez la capital del estado no se encontraría sumida en la ingobernabilidad por los constantes errores de comunicación que comete cegado por los vicios del autoritarismo, la indiferencia y la intolerancia, pensando que esa es la forma correcta de lograr adeptos electorales.
Pero con tal de estar en el pandero político. De promocionar su imagen con recursos públicos. De darse a notar para mejorar su lugar en las encuestas. De buscar por cualquier motivo, volver a aparecer en las boletas electorales. Van a hacer lo que les venga en gana. Total, si no existe un castigo previsto, las prohibiciones para las autoridades, en materia electoral, solo están de adorno.
Buzón de Salida. Jaime Bonilla, Gobernador de Baja California, decide decretar como libre, una caseta de cobro en una carretera federal. Un Gobernador está limitado a su jurisdicción y ámbito de competencia, es decir, la ley establece hasta donde abarca su autoridad. Vaya, no le alcanza para tomar decisiones en asuntos de la federación. Por lo tanto, este decreto, no solamente carece de validez, sino que es ilegal e incluso, puede resultar en la comisión de un delito.
El tipo, ya nos había dado una muestra de desprecio a la ley y el desconocimiento de los principios básicos de nuestro estado de derecho, cuando mandó modificar la Constitución para ampliar el período por el que fue electo, de 2 a 5 años. Esas, son las autoridades que estamos eligiendo por no revisar y analizar sus perfiles. Personas que solamente desean el poder sin conocer sus entrañas, ni ser capaces de respetar los derechos elementales. Cuidado con quien vamos a elegir el próximo año en Sinaloa.
Storyteller.
Al Chávez Rubio.