Andrés Manuel López Obrador descartó interponer denuncias contra sus antecesores en el cargo, rechazó que haya venganzas, se pronunció por que se realice la consulta popular y dejó en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), la decisión de proceder o no contra el expresidente Enrique Peña Nieto.
Una serie de señalamientos realizados por Emilio Lozoya apuntan al pago de sobornos para minar la presencia del hoy presidente, de acuerdo a trascendidos de notas periodísticas, señaladamente de El Universal; por otra parte, se han difundido aspectos del pliego con el que la FGR pretende imputar al exsecretario de Hacienda y excanciller, Luis Videgaray, que perfila una acusación por traición a la patria y otros delitos en contra de Peña Nieto.
El presidente ha mantenido su posición de realizar una consulta popular, autorizada parcialmente por los poderes Judicial y Legislativo, a fin de que sea la sociedad quien decida si se investiga, procesa y juzga a los expresidentes.
La acusación que perfila la FGR contrasta con el sentido de realizar la consulta, en la que el mandatario se define a favor del “punto final”, es decir, dejar atrás los hechos de corrupción para concentrarse en su acción de gobierno.
La definición del titular del Poder Ejecutivo se expuso en dos intervenciones con una argumentación compleja: por un lado, sostuvo que no perseguirá a nadie, que no habrá venganzas políticas, que se aplique la ley con rigor y con escrúpulos, que no se fabriquen delitos y también, que no haya impunidad.
No obstante por otro lado, aclaró que la función de la FGR es independiente y autónoma, por lo que no podría pedirle que frene investigaciones, si las tiene abiertas, contra Peña Nieto, subrayando que su administración no ha hecho alguna denuncia al respecto.
Con información de Proceso.