Culiacán, Sin.- Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, interpusieron un amparo porque creen les afecta de alguna manera la nueva Ley de Obras Públicas, al suponer que no tienen la calidad de servidores públicos y que el Congreso se excedió al darles atribuciones que no les corresponden.
Sobre esto, la Junta de Coordinación Política, manifestó no entender dicho actuar, pues al hacerlo impugnaron las normas esenciales que buscan mayor participación ciudadana para vigilar y combatir posibles actos de corrupción.
"Como son la ciudadanización de los Comités de Obras Públicas del Poder Ejecutivo, de los Municipios y en sí de todas las instituciones, establecidos en las fracción VI de los artículos 35, 36 y 37 que son precisamente los que permiten integrar a ciudadanos para que vigilen el gasto en obra pública en cada una de las instituciones de gobierno", se explica.
"Pero no conformes con eso además impugnaron el artículo 40 de la misma ley que permite que los testigos sociales puedan emitir opiniones que deben ser tomadas en cuenta para que las acaten los servidores públicos a efecto de que los procedimientos de licitaciones se hagan conforme a lo que dice la ley", se anexa.
Con esto, destacan, los integrantes del Comité Anticorrupción, están tratando de evitar que haya mayor vigilancia en el uso de los recursos por los testigos sociales y los ciudadanos nombrados por la sociedad, cuando son ellos los principales actores quienes deben poner el ejemplo.
"Y es que si lo que buscan es ganar tiempo y retardar la aplicación de la Ley en cita, solo resta decirles que este Congreso hará todo lo necesario para defender la institucionalidad y proclamaremos el cumplimiento oportuno para cada organismo de gobierno del estado constitucional de derecho", se puntualiza.