La pandemia del COVID-19 en México ha evidenciado la necesidad de revisar la Constitución Política de México para disminuir la desigualdad y la inequidad de atribuciones que se tienen como Estado federalista, aseguró el constitucionalista Diego Valadés Ríos.
Ello, al ofrecer la videoconferencia “La Constitución y Pandemia” que el Congreso del Estado de Sinaloa organizó, y transmitió en su página Facebook, en coordinación con el Colegio de Sinaloa, en el marco del Convenio de Colaboración.
La presentación del conferencista estuvo a cargo del presidente de El Colegio de Sinaloa, Élmer Mendoza, y la directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado, Sonia Escalante López.
La clausura de la conferencia la dio la diputada Elva Margarita Inzunza Valenzuela, quien consideró que la sociedad debe estar atenta y acatar todos los reglamentos de la Secretaría de Salud para subsistir pese a la situación difícil en lo económico y el desempleo.
Hizo un llamado a todos los niveles de gobierno para que los recursos económicos no se limiten en la atención de los pacientes y también se den todos los insumos a los trabajadores del sector salud para que lleven a cabo su labor de salvar vidas.
En su conferencia, Diego Valadés consideró que desde su aparición en México y a la fecha, el COVID-19 ha permitido un aprendizaje social muy enriquecedor.
En lo que se refiere al modelo institucional de los países, indicó que se pueden observar dos grandes modelos de respuestas a la pandemia: uno por los sistemas muy rígidos de control político, y otro por los estados con sistemas democráticos.
Sin embargo, observó que hay estados democráticos que en unos casos han controlado muy bien la enfermedad y en otros casos no.
También, observó, esos resultados se observan en Estados autoritarios.
En el caso de México, señaló que al igual que en todos los sistemas federales hay dos niveles de respuesta, una por el Gobierno Federal y la otra por los gobiernos estatales.
Sin embargo, advirtió que el sistema mexicano es muy arcaico porque mantiene a cada entidad federativa aislada con relación a lo que ocurre con las demás entidades y no se tienen respuestas regionales para compartir soluciones y recursos disponibles.
En cambio, observó, en Estados Unidos sí ha habido capacidad de concertación de medidas entre varios estados, sobre todo para el uso de los recursos disponibles para la atención de los pacientes y circulación de personas, lo que dio políticas homogéneas.
Recordó que el 24 de marzo el secretario de Salud expidió un acuerdo que establecía la desmovilización del país y que debían ser acatadas tanto para el sector público como privado, e incluso se declaró suspender todo tipo de actividad, incluyendo las de tipo económico.
Sin embargo, advirtió, la Constitución Política de México establece en su artículo 29, que en casos de emergencia es el presidente quien puede proponer al Congreso de la Unión la suspensión temporal de algunos derechos.
Se requiere, puntualizó, la participación del presidente y de la mayoría del Congreso de la Unión para tomar una decisión de ese calibre.
Sin embargo, señaló, con el acuerdo de un secretario se suspendieron las actividades escolares, económicas, institucionales, incluidas las de los Congresos federal y estatal y de los órganos jurisdiccionales federales y locales.
Ante ello propuso una revisión del sistema constitucional, pues este aparece tan frágil, débil y vulnerable, cuando las facultades del Legislativo y del Ejecutivo las puede asumir un secretario.
Diego Valadés también resaltó que ante la pandemia del COVID19 ha habido un gran ausente en todo el país, que es el sistema representativo, pues el Congreso de la Unión no ha discutido ninguna de las medidas adoptados.
“No ha tenido voz ni voto en las medidas adoptadas para la defensa de los 130 millones de mexicanos”, precisó y propuso discutir este tema en el futuro.
A todo lo anterior, dijo, hay que observar la clara desigualdad estructural de la Constitución de México.
Preciso que se reconoce al Ejecutivo como Supremo Poder Ejecutivo y al Legislativo y Judicial simplemente poderes. “No son iguales”.
Asimismo, expuso que de 1921 a la fecha se han aumentado 27 fracciones al artículo 73 constitucional para darle más atribuciones al Ejecutivo Federal, lo que ha implicado menos para las entidades federativas.
Ello, dijo, se hace más visible en momentos de crisis, porque los estados disponen de muy pocos recursos propios para atender necesidades y urgencias propias.