El llamado Pin Parental, iniciativa presentada recientemente en el Congreso del Estado de Sinaloa por el Grupo Vía Familia y respaldado por los Diputados Fernando Mascareño y Margarita Inzunza es un nuevo intento más de los grupos conservadores por evitar lo que ellos consideran temas tabúes de los cuales solo ellos se sienten con capacidad de decidir que si y que no se les enseña a los niños y niñas.
Desde su punto de vista privilegiado, olvidan que la educación en temas relacionados con la sexualidad por décadas ha carecido de información verídica y ha estado más apegado a lo religioso y lo que ellos consideran moralmente correcto.
Olvidan que vivimos en un país con una de las tasas más altas de embarazo infantil, violencia intra familiar, abusos y crímenes contra mujeres, además de un creciente número de infecciones de transmisión sexual en jóvenes.
¿Por qué se creen ellos dueños de la verdad y con la capacidad moral de decidir por el derecho que tienen los niños y niñas de este país a recibir una educación sexual integral?
¿Por qué si muchos de sus miembros tienen juicios pendientes de alimentos?
Sin duda a todos nos importan nuestros niños, no solo a estos grupos que se llaman defensores de la familia, la moral, la vida y las buenas costumbres; lo que no podemos permitir que bajo su una concepción moralista de cómo debe configurarse, comportarse y ser una familia, ellos pretendan incidir en políticas públicas para que todos vivamos de ese modo.
El llamado pin parental ha sido rechazado desde la Secretaría de Gobernación, pasando por la Comisión Nacional de los DDHH, Organizaciones de la Sociedad Civil expertas en temas de niñez, el Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA) y diversos especialistas.
Además de ser rechazado en varios estados del país, donde si se aprobó en Aguascalientes se le dio para atrás por la simple razón que resulta inconstitucional, porque de forma evidente, transgrede el derecho a una educación sexual, científica integral, laica y con perspectiva de género, que establece muy claramente el artículo tercero constitucional.
Tomar si quiera en cuenta el Pin Parental en Sinaloa es un retroceso grave en materia de derechos humanos. Estas circunstancias empeoran aún más en un contexto como el de nuestro estado en donde la violencia de género es una grave problemática social.
Dicha iniciativa inconstitucional se enfrenta no sólo a tesis o posturas gubernamentales y de la sociedad civil mexicana, sino que también va en contra de la tendencia mundial por apostar en la educación sexual desde la perspectiva de género y sin discriminación.
Tiago Ventura
Presidente de Sinaloa Diverso A.C.,
Miembro del Comité de la Diversidad de Sinaloa, activista por los DDHH de la población LGBT+