Sobrio, directo y franco. Conservando el valor de la amistad, el cual recalca con mucho énfasis. A la vez, intenta apelar al sentido humano como última referencia al tema. Literalmente, explica “El motivo que le he expresado personalmente, es mi diferendo por su decisión de política pública de trasladar al ámbito militar de la Secretaría de Marina, las funciones eminentemente civiles de los puertos, de la Marina Mercante y de la formación de marinos mercantes, que han estado a cargo de la SCT desde 1970”.
Luego continua “Lamento no haber tenido éxito en transmitirle mi convicción y mi preocupación sobre la grave trascendencia que considero tiene esta medida para el presente y el futuro de México, tanto en lo económico como en lo político.” Recojo estos 2 párrafos de la carta de renuncia al cargo de Secretario de Comunicaciones y Transportes, de Javier Jiménez Espriú, al Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta es la segunda ocasión en la que un secretario le renuncia al presidente por no coincidir con sus políticas públicas, durante esta administración. El primero fue el secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa, también su viejo amigo.
Mandar a las fuerzas armadas a tomar las aduanas del país es una decisión muy complicada. Se necesita un alto nivel de observancia entre la delgada línea de poner orden y brindar seguridad. Pues, en el justo espíritu de las leyes fiscales, la función de estas oficinas meramente recaudatoria. Claro, el problema que el Presidente observa es la seguridad nacional y la grave violación que de ésta sucede en los patios fiscales con la entrada de mercancías ilegales.
El artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como facultad del Titular del Ejecutivo, en su fracción VI, “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.”
Hasta aquí, la movilización de las tropas obedece a brindar seguridad a la población. Por lo que disponerlas para atender las aduanas del país, será única y exclusivamente para ese fin. Así, el dilema que enfrenta el Presidente, es justificar las necesidades que tienen en materia de inseguridad esas instalaciones y cómo intervendrá el ejército en ellas, porque utilizar las fuerzas armadas no es a capricho.
La entrada de drogas y precursores, principalmente por esas aduanas, ha convertido el tema en seguridad nacional. Incluso, esta decisión pudo haber sido un acuerdo durante el viaje del presidente a Washington. Lo obvio, es que esa inseguridad, incluso de forma más cruenta y violenta, se vive en otras zonas geográficas del territorio nacional y ni la presencia del ejército, ni de la Guardia Nacional, que fue instituida para ese fin, ha sido notoria.
Encomendarle a las fuerzas armadas funciones administrativas de índole civil y fuera de su competencia militar, no es nuevo. De hecho, es la forma que históricamente han ejercido gobiernos dictatoriales para hacerse del control del estado. Por ejemplo, la Venezuela de Chávez, la Cuba de Castro, la República Chilena de Pinochet, la España de Franco, la Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler y la lista sigue.
Cuando un funcionario no está de acuerdo con su jefe, debe despedirse y dejar su cargo. La renuncia del Secretario de Comunicaciones y Transportes, va más allá de su amistad con el mandatario. En ella, prioriza su convicción de servicio apegado al margen legal. Jiménez Espriú, al igual que en su momento Carlos Urzúa, sabe que el Presidente se equivoca en esta decisión, por eso se baja del barco lamentando no haber tenido éxito en transmitirle su mensaje.
Cual sea el motivo que propicie esta decisión presidencial, lo cierto es que delegar a las fuerzas armadas funciones de observancia civil, demuestra incompetencia administrativa. Aunado a los fines obscuros que se escapan de la comprensión legislativa. Por eso, en su carta de renuncia, el secretario se deslinda de la mala interpretación que de la Constitución y del estado de derecho, guarda la 4T. Porque conoce el impacto que la medida tendrá en lo político y lo económico, al ser un capricho fuera de la ley.
Buzón de Salida. El municipio de Ahome, con un alto poderío político que emana del grupo que encabeza el exgobernador Mario López Valdez, enfrenta una gran disyuntiva para el 2021. Su posible candidato a la alcaldía, por el PRI, se ha olvidado que tiene enfrente al partido de nueva creación Redes Progresistas. Cuando los adeptos se ponen en la balanza, gana la estructura, la experiencia y el trabajo de base. Y Quirino, lo sabe.
Storyteller.
Al Chávez Rubio.
El maestro Chávez Rubio es Abogado. Se ha desempeñado en el servicio público como jurídico en dependencias Federales, Estatales y Municipales. También es Catedrático, Analista y Columnista en diversos medios de comunicación.
Lo puedes encontrar en redes sociales:
Facebook Storyteller Al Chávez Rubio
Twitter @AlChávezRubio
Youtube Al Chávez Rubio