Culiacán, Sinaloa.- La Fiscalía General del Estado está revisando si es legal el esquema puesto en marcha en la UAS para, mediante donaciones, reunir los 20 millones de pesos que deberán pagar ex funcionarios y funcionarios de la Casa Rosalina al Poder Judicial como parte del acuerdo de suspensión condicional de 11 procesos penales que se les abrió por actos de corrupción.
El abogado de la UAS, Milton Ayala Vega, anunció que están pidiendo a universitarios que hagan donaciones de mil y hasta 15 mil pesos, para ayudar a los imputados, miembros de los dos comités de adquisiciones, a saldar a más tardar el 28 de julio los 20 millones de pesos acordados ante un juez.
Los funcionarios son: Héctor Melesio Cuén Díaz, Soila Maribel Gaxiola Camacho y Jorge Pérez Rubio, así como Óscar Orlando Guadrón, Salvador Pérez Martínez, Manuel de Jesús Lara Salazar, Norma Alicia Aguilar Navarro e Ismael García Castro.
Al respecto la fiscal Claudia Sánchez explicó que la Fiscalía lo está checando. “Lo cierto es que hay una suspensión condicional del proceso autorizada por el juzgado de control y las personas imputadas tienen la obligación de cubrir esa parte de reparación del daño a la ofendida”
—¿Y el método que están utilizando de pedir cooperación entre los universitarios y entre la población en general? ¿Cómo encaja este proceso?
—Es un tema que ellos están utilizando. Nosotros, por parte de la Fiscalía, estamos revisando la parte de la legalidad en cuanto ya se tenga el pago hecho al juzgado.
—¿Es legal lo que está haciendo la universidad pedir la cooperación del pueblo?
—Tendríamos que revisar. Esa parte la estamos revisando acá en la Fiscalía. Aún no le pudiera determinar esa parte.
Recordó que el juez les dio hasta seis meses para cumplir, cada uno de los dos comités de adquisiciones a pagar 10 millones de pesos, para concluir la suspensión condicional del proceso.
—Entonces, usted está a la espera de que se cumpla con eso. Es un requisito esencial de la salida alterna.
-Si, si. De lo contrario, el proceso se abre otra vez de nuevo. De lo contrario, se vería ya lo que corresponde legalmente, que sería en su momento la revocación de esta salida.
Desde Morena se ha criticado este esquema que, señalan, es una especie de evasión de responsabilidad que le corresponde a los funcionarios y no a la comunidad universitaria. Desde el Congreso del Estado se ha advertido el riesgo de que esto derive en otras circunstancias objeto de sanción.